Los ecos de la abultada derrota sufrida por la gestión de Gabriel Boric en el plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre, todavía están lejos de haberse disipado por completo. Sus múltiples derivaciones a nivel local y regional –como primer revés “progresista”, luego de varios triunfos electorales recientes en América Latina– merecen una reflexión profunda y pormenorizada, en busca de comprender las razones de ese resultado y los movimientos políticos que puede ocasionar en el futuro inmediato. Por ello, La Línea de Fuego entrevistó a Sergio Grez Toso, doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (París, Francia), docente de la Universidad de Chile e investigador del movimiento popular y la cuestión social en su país.
Plebiscito del #4S: sin lugar para sorpresas
A diferencia de otros analistas y de los partidarios de la opción “Apruebo”, Grez Toso mantuvo desde el inicio una visión muy crítica sobre el proceso constitucional desarrollado en Chile recientemente. Por eso no le sorprendió la derrota oficialista, aunque sí las argumentaciones demasiado sesgadas o ligeras en torno a esa circunstancia. Su apuesta pasa por visibilizar ciertos detalles que no siempre se toman en cuenta, como factores determinantes de un suceso de gran magnitud.
La Línea de Fuego: ¿Qué lecturas se pueden hacer sobre el resultado del plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre en Chile?
Sergio Grez Toso: A partir de la misma noche del plebiscito se han hecho numerosos análisis sobre el resultado desde variadas perspectivas y puntos de vista, algunos muy interesantes, otros muy banales, como suele ocurrir. Desde los argumentos clásicos de la derecha (del tipo “Chile derrotó al castrocomunismo y al chavismo”) hasta los despectivos y arrogantes comentarios de muchos apruebistas que han enrostrado al pueblo su conservadurismo e incapacidad para valorar la Constitución que la Convención Constitucional le ofreció. Creo que ninguna de estas perspectivas sirve para dar cuenta del fenómeno, del mismo modo que tampoco me parece adecuada la explicación en la que coinciden ciertos partidarios del Apruebo y del Rechazo, según la cual la Constitución propuesta por la Convención Constitucional era demasiado “avanzada” para la sociedad chilena.
Las causas del triunfo del Rechazo son, ciertamente, complejas y seguirán debatiéndose durante mucho tiempo. En primer lugar, porque no hubo un Rechazo sino múltiples rechazos, esto es, variadas razones que sumadas constituyeron una mayoría aplastante de repudio al texto que se proponía. Con todo, me parece que las principales fueron el voto de castigo al gobierno Boric y sus políticas de continuismo neoliberal (claramente autoidentificado e identificado por la opinión pública con la opción Apruebo); el repudio al desempeño de la Convención Constitucional y de algunos convencionales en particular; una reacción de tipo conservadora (mas no necesariamente de “derecha”) de vastas franjas de la población, especialmente de los sectores populares, ante propuestas del proyecto de Constitución como la plurinacionalidad, el derecho al aborto aparentemente sin límite alguno pues este -al igual que muchos otros temas- quedaría por ser materia de una ley que lo regulara, la proliferación de organismos autonómicos de compleja implementación que parecían amenazar la unidad del Estado, amén de otros temas como la reiteración de las cuestiones de género (palabra utilizada decenas de veces en el texto en contraste con la ausencia casi completa de menciones a las clases sociales) y el “lenguaje inclusivo” empleado, ajeno al de la inmensa mayoría de la población. En general, todos los temas basados en cuestiones identitarias (ambientalismo, feminismo, plurinacionalidad, regionalismo y “territorios”) no generaron adhesión más allá de los “nichos” respectivos que habían permitido la elección, muchas veces con votaciones muy modestas, de ciertos convencionales. Al contrario, puede ser -esto debería ser objeto de estudios específicos- que la forma como se tradujeron las reivindicaciones de estos movimientos en el proyecto constitucional haya generado más rechazo que adhesión.
Todo esto fue hábilmente explotado por la propaganda del Rechazo, erigiéndose sobre esta base la campaña de fake news a la que muchos apruebistas siguen atribuyendo la causa principal de la derrota. No obstante, me parece que el factor principal del fracaso estrepitoso del proyecto de nueva Constitución -independientemente del nivel de sistematización que pudieran tener los votantes- fue el hecho de que esta no significaba una ruptura con el orden neoliberal, ni garantizaba las reivindicaciones más sentidas que se expresaron en la rebelión de octubre. Si bien el texto redactado por la Convención Constitucional proclamaba derechos tales como la salud, educación, vivienda, seguridad social, entre tantos otros, no los aseguraba, pues no incluyó ninguna norma que permitiera financiarlos (como las nacionalizaciones de recursos naturales expresamente descartadas por los convencionales). Muchas personas lo percibieron, por lo tanto no creyeron en las bondades del proyecto de nueva Carta Magna, lo que se sumó y se mezcló con los factores anteriores, especialmente con la creciente desilusión que les provocaba el gobierno de Boric. En contraste con la hiperabundancia de temas identitarios y culturalistas, los asuntos relacionados con los trabajadores y su relación con el capital ocuparon un lugar marginal: de 388 artículos, solo seis se referían a estos temas; reflejo, sin duda, de la composición de los convencionales, mayoritariamente abogados y profesionales jóvenes, con ausencia prácticamente completa de dirigentes del movimiento laboral.
De esta manera, el Rechazo se impuso por amplio margen en la inmensa mayoría de las comunas y distritos electorales populares, en las así llamadas “zonas de sacrificio” medioambiental, en comunas con alto porcentaje de población indígena, en las ciudades cercanas a los principales centros mineros y ¡hasta en la población penal!, puesto que las normas constitucionales propuestas y presentadas como las más avanzadas del planeta, que se suponía los beneficiarían, no cambiaban absolutamente en nada las condiciones reales de vida de estos y otros sectores de la población. La verdadera Constitución seguiría siendo -como bien señaló Ferdinand Lasalle hace 160 años respecto de una experiencia constituyente de su época- aquella que reside “en los factores reales y efectivos de poder”, esto es, la correlación de fuerzas sociales y políticas, y su capacidad de control de los resortes principales del Estado, sus Fuerzas Armadas y su burocracia, cuestiones que el proyecto de nueva Constitución no alteraba en lo más mínimo, especialmente en lo referido a los cuerpos armados estatales. Como bien decía el mismo Lasalle, no se cambia la realidad social con la firma o promulgación de una hoja de papel escrito “dejando intactas las fuerzas reales que mandan en un país”. Esta verdad, tantas veces comprobada por la experiencia histórica, fue cruelmente ignorada por los “apruebistas de primera línea” que sembraron ilusiones infundadas, contribuyendo, sin conciencia de ello en muchos casos, al impasse político posplebiscitario.
A estas razones se sumaron otras relacionadas con las características del proceso constituyente normado por el Congreso Nacional en base al Acuerdo del 15 de noviembre que, como sabemos, logró canalizar gran parte de las energías populares hacia los eventos electorales (plebiscitos de entrada y de salida y, en medio de estos, las elecciones de convencionales, sin contar las elecciones municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales, entre octubre de 2020 y septiembre de 2022), en un contexto fuertemente marcado por los efectos de la pandemia del Covid-19 y las restricciones de libertades que impuso el gobierno de Piñera. La Convención Constitucional no mantuvo un vínculo activo ni estrecho con los movimientos y organizaciones sociales que eligieron a buena parte de los convencionales identificados con el cambio de modelo y, por su lado, estas organizaciones y movimientos tampoco fueron capaces de mantener una presión y vigilancia democrática constante sobre el desempeño de los convencionales. Muy pronto pasaron al olvido las promesas de algunos de estos de impedir el funcionamiento de la Convención mientras hubiese presos políticos, del mismo modo que tampoco se hizo efectivo el anuncio del Partido Comunista de “rodear a la Convención Constitucional”. Así, en un clima de desmovilización y reflujo, el organismo encargado de redactar el proyecto de nueva Constitución se parlamentarizó, funcionó en base a lógicas parecidas a las del Congreso Nacional y se distanció de la base social, facilitando las campañas de desprestigio de los sectores conservadores.
En resumen, con sobresaltos y tensiones que en algunos momentos parecieron poner en peligro su diseño, la maniobra del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, logró imponer sus términos, determinando el proceso constituyente hacia el tipo de desenlace -la mantención del orden social y del sistema político- buscado por sus promotores.
LDF: Antes de las votaciones, usted señaló que no había demasiadas diferencias entre una victoria del “Apruebo” o el “Rechazo”, para el sistema y la sociedad chilena. Pero ¿de qué manera afecta esta amplia derrota a los intereses del gobierno de Gabriel Boric? ¿Qué tipo de reestructuraciones o cambio de estrategias prevé el régimen para superar el resultado del 4 de septiembre?
Grez: La victoria de la opción Rechazo representó una derrota categórica para el gobierno de Boric pues este se jugó a fondo por el Apruebo, y porque una parte significativa de los votos por el Rechazo fue correctamente interpretada por muchos analistas como un voto de castigo al gobierno, lo que ha quedado demostrado también en dos encuestas de opinión realizadas en septiembre que reflejaron un porcentaje de apoyo a la administración Boric prácticamente idéntico al que obtuvo el Apruebo, esto es, 38% y 39%, respectivamente.
Este resultado significó un reforzamiento de la presencia de personajes de la antigua Concertación de Partidos por la Democracia en el nuevo gabinete ministerial; entre otros, el poderoso Ministerio del Interior pasó de manos de una representante del Frente Amplio muy cercana a Boric (Izkia Siches) a una experimentada exministra de la Concertación (Carolina Tohá), robusteciendo la presencia -que ya era muy significativa- de exponentes de la “vieja política” que, se suponía, el nuevo gobierno pretendía superar. Ya no es osado sostener, como lo anunciamos antes de que Boric llegara a La Moneda, que esta administración es una suerte de “Concertación 3.0”, tanto por sus componentes como por su orientación. Esta mayor apertura del gobierno de Boric hacia la “centroizquierda” ha acentuado los rasgos conservadores de su política que ya venían manifestándose antes del plebiscito del 4 de septiembre, tanto a nivel nacional como internacional.
Sergio Grez: “Chile seguirá viviendo una especie de reforma constitucional permanente”
