EL 4 de agosto de 2021 Ciper publico una investigacion motivada por la afirmación de la Fiscalía y la Defensoría Penal quienes señalaron que «no les era posible determinar el número de personas que seguían ( a esa fecha) en las cárceles por delitos vinculados al estallido social» . Su investigación, arrojo que en ese momento había 77 personas (51 en prisión preventiva y 26 condenados) por causas asociadas al “Estallido Social”. Esa investigación constituye una MUESTRA REPRESENTATIVA del total de al menos 2500 personas encausadas y/o condenadas al dia de hoy desde el inicio de la Rebelion Popular de Octubre.
Solo tres (3) personas de los 77 investigadas tenían querellas por Ley de Seguridad del Estado, mientras que 44 estaban acusados por “porte y/o lanzamiento de artefacto incendiario”, 18 por “desordenes públicos”, 5 por “ley antibarricadas”.
Este lunes 20 de diciembre, Giorgio Jackson, el principal asesor del presidente electo Boric, informó la primera medida del nuevo gobierno «Las querellas por Ley de Seguridad serán retiradas en el minuto en que Gabriel Boric asuma».
Si se toma la muestra representativa de Ciper, de 77 inculpados, solo 3 (un 4%) de los presxs politicxs podrían ser beneficiados con las medidas para solucionar la prisión política del nuevo gobierno.
En cambio el Indulto Presidencial (decreto de la dictadura) obliga a:
(1) Que los acusados sean condenados (sentencia ejecutoriada)
(2) Haber cumplido a lo menos la mitad de la pena (salvo que la pena de presidio sea de grado mínimo.
¿Y por que no aprovechar el “capital político” que la elección del 19 de diciembre, dió al gobierno de Apruebo Dignidad y promocionar la aprobación inmediata de la Ley de Indulto general, archivada en el senado, la cual si da libertad a los “presxs de la revuelta”. Este proyecto si es apoyado por las familias de los presxs, con quienes G. Boric “se reunió”.
