Anoche el magistrado expuso ante la subcomisión de DD.HH. de la Convención y abogó por refundar el sistema judicial chileno para dejar atrás los principios clasistas y autoritarios que a su juicio predominan en la actualidad. “Detrás de cada violación a los DD.HH. hay un juez que por acción u omisión permitió dicha violación”, aseguró.
Daniel Urrutia, juez del 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, ha sido durante años uno de los pocos magistrados que critica abiertamente el sistema judicial del país. En 2004 en su tesis en un diplomado sobre derechos humanos y democracia, propuso que el Poder Judicial debía pedir perdón por su rol durante la dictadura militar y reconocer las violaciones a los derechos humanos y adoptar medidas de reparación. Como resultado fue sancionado por la Corte Suprema con una medida disciplinaria de “censura por escrito”, lo que impulsó al abogado a demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal internacional dictó su sentencia en agosto de 2020, donde establece que el Estado de Chile es “responsable internacionalmente por coartar la libertad de pensamiento y expresión de un Juez”.
Y a casi un año de dictado el fallo, este miércoles 25 de agosto el juez Daniel Urrutia Laubreaux llegó hasta la Convención para exponer en la Subcomisión de Marco General de DDHH, Ambientales y de la Naturaleza, instancia durante la cual se refirió a la necesidad de refundar el sistema judicial que hasta ahora ha funcionado bajo los principios del autoritarismo, colonialismo, racismo, heteropatriarcado, machismo y clasismo, según lo planteado por el abogado.
El magistrado inició su presentación indicando que “detrás de cada violación a los derechos humanos hay un juez que por accion u omisión permitió dicha violación”, debido a que según plantea, el Poder Judicial es una institución que fue construida en la colonia por una elite europea para dominar y reprimir a las primeras naciones de la región. Con el paso de los siglos, la élite europea ha mutado a una dominada por los capitales transnacionales que manejan el país en desmedro de los pueblos.
El magistrado inició su presentación indicando que “detrás de cada violación a los derechos humanos hay un juez que por accion u omisión permitió dicha violación”, debido a que según plantea, el Poder Judicial es una institución que fue construida en la colonia por una elite europea para dominar y reprimir a las primeras naciones de la región.
Urrutia recordó que durante los años de dictadura, casi la totalidad de los jueces encubrieron activa o pasivamente los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra la población, como es el caso de la actual ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem, quien admitió haber ocultado información fundamental sobre la Masacre de Laja, en la cual resultaron 19 personas fallecidas en 1973.
En ese sentido, el magistrado señaló que el panorama no ha cambiado mucho. El sistema judicial sigue siendo parte del dispositivo que permite, avala y justifica las violaciones a los derechos humanos, lo que quedó claramente demostrado en el contexto del estallido social, luego de que tribunales rechazaron todos los recursos de protección que solicitaban el cese de la represión –y uso de perdigones– por parte de Carabineros, por lo que más de 400 personas sufrieron traumas oculares. “El poder judicial ha servido como parte del dispositivo de represión al avalar y justificar la represión a través de procesos basados en evidencias inventadas o de pésima calidad”, acotó Urrutia.
En su exposición, el abogado agregó que hay un sistema jerárquico que no asegura la protección de los derechos humanos, puesto que “ dicha jerarquía se convierte en una corporación que alienta a sus integrantes a decidir casos no sólo en atención a los hechos y el derecho, sino muchas veces a evitar un castigo jerárquico o recibir un premio de un ascenso”, dijo Urrutia.
Para el magistrado, se hace imperante entonces reconfigurar el actual sistema de justicia, eliminar los principios centroeuropeos y reemplazarlo por un tribunal plurinacional que contemple los principios jurídicos de los pueblos indígenas.
Para el magistrado, se hace imperante entonces reconfigurar el actual sistema de justicia, eliminar los principios centroeuropeos y reemplazarlo por un tribunal plurinacional que contemple los principios jurídicos de los pueblos indígenas.
De esta forma, el juez Urrutia mencionó siete puntos centrales que debieran ser abordados en la Convención cuando se discuta la refundación del sistema judicial. Primero, sería necesario establecer una horizontalidad en la nueva estructura y la separación de las funciones de juzgamiento de las del gobierno judicial.
Segundo, se hace imperante el reconocimiento de la plurinacionalidad y la incorporación de los sistemas e instituciones jurídicos indígenas si ellos lo deciden así, otorgando además cupos para escaños reservados en las máximas instancias judiciales. En tercer lugar, agregó la integración de una perspectiva paritaria y de género mediante un mecanismo que permita un acceso igualitario a la justicia.
Como cuarta idea, Urrutia planteó que debe existir un control ciudadano donde la sociedad civil pueda “participar activamente en concursos públicos de designación de jueces y juezas, especialmente en la designación de ministros de altas Cortes”. En el quinto punto dijo que hay que realizar un concurso público para cargos de las altas Cortes evaluando el desempeño de los postulantes en materia de derechos humanos.
Sexto, promover la justicia comunitaria en los territorios, reestableciendo a los jueces de justicia local. Y como última idea, propuso la promoción y la garantía de la aplicación de los principios de los derechos humanos transversalmente en todo el Poder Judicial, tanto de forma interna como externa. Agregó que para esto es imperante un proceso de reparación integral a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y la creación de un Servicio Médico Legal que sea realmente autónomo a los gobiernos de turno.
“El Poder Judicial debe controlar la actividad del Ministerio Público para evitar formalizaciones e investigaciones arbitrarias, subiendo el estándar de apertura de investigaciones”, finalizó el magistrado.
“El Poder Judicial debe controlar la actividad del Ministerio Público para evitar formalizaciones e investigaciones arbitrarias, subiendo el estándar de apertura de investigaciones”, finalizó el magistrado.
Durante la mañana de la misma jornada, se conoció el fallo del juicio abreviado contra el empresario Raul Schuler, quien fue condenado a cuatro años y medio de libertad vigilada por los delitos de receptación y daño patrimonial. Además, se le ordenó pagar 100 UTM, 5 millones 200 mil pesos aproximadamente. La situación generó un amplio repudio producto de dejó manifiesta la realidad de que el sistema judicial chileno castiga la pobreza, mientras que la élite económica recibe un trato diferenciado que le permite la impunidad.
Respecto a esto, el juez Urrutia señaló a INTERFERENCIA que esto es producto de la base clasista y racista del sistema judicial “que sigue arrastrando ese peso histórico que debe ser asumido por la Convención Constituyente y refundar el Poder Judicial en clave democrática y plurinacional”.
