El Estado chileno y su Constitución son el resultado de intereses y acuerdos que tienen sus raíces en la dictadura militar, nacida bajo los planes de Estados Unidos y luego liderada por Augusto Pinochet.
Cuando a finales de la década de 1980 su gobierno dictatorial comenzó a perturbar éticamente los negocios y el libre comercio, la “transición a la democracia” pudo resolver este “malestar”. Lamentablemente, esta transición nunca ha podido incluir a los movimientos sociales que lucharon en contra de la dictadura.
Quizás por eso, el 18 de octubre de 2019, el aumento de las tarifas del metro fue la “gota de más”: los estudiantes decidieron manifestarse, la población los siguió.
Miles de jóvenes chilenos fueron detenidos. La mayoría siguen en la cárcel. Boric había prometido un indulto, que todavía no llega. ¿Lío jurídico o falta de voluntad política? Esta tarde el Senado votará la ley de Indulto, que por la composición de fuerzas tiene pocas posibilidades de prosperar.
Ni la delegación del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) nombraron, en ese entonces, a los jóvenes presos por participar en las movilizaciones desde el 18 de octubre de 2019.
Un tema silenciado hasta en los informes más completos, sobre el cual nadie, a pesar de las tantas promesas electorales del gobierno, está haciendo algo.
En el mientras, la mayoría de los jóvenes presos se encuentran actualmente en las cárceles junto a presos comunes. Los presos allí “se mueren de hambre, abusan de ellos, hay tráfico, condiciones muy malas. Algunos de esos jóvenes presos que defendemos se encuentran en la cárcel de máxima seguridad, con condiciones que van en contra de los tratados internacionales porque están recluidos en una célula durante 23 horas y solo tienen una hora de patio”, denunciaba en 2019 Lorenzo Morales Cortés, abogado de la ONG Defensoría Popular. Desafortunadamente, hasta ahora, poco o nada ha cambiado.
“En el caso de las personas que defendemos, sí, son presos políticos” responde el abogado de la Defensoría Popular. “Todos son querellantes del Ministerio del Interior, por unos casos se le ha aplicado la Ley de Seguridad del Estado, por otro la Ley Antiterrorista, lo que implica una multiplicación de la pena hasta 4 veces más. Todos han sido seguidos por la policía especial OS9 de Carabineros. Todos aquellos, en un Estado democrático de derecho deberían estar en libertad. O sea, no obstante que algunas imputaciones son bastantes graves, no tienen ningún antecedente, sin embargo con el estallido social, por la incidencia del Ministerio Público y la aplicación de leyes especiales se configura un cuadro de persecución política hacia estos jóvenes”.
Entregada al senado el 9 de diciembre 2020, la norma de autoría de los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Alejandro Navarro, pretendía extinguir la responsabilidad penal de aquellas personas que se encuentren imputadas o condenadas en el marco de las protestas por el estallido social de octubre de 2019. Actualmente, el tremendo lío político que lleva el tema del indulto hace que ninguna demanda esté siendo tramitada. Y los líos no son solos jurídicos, la voluntad política tiene que ver en este bloqueo.
En concreto, la ley del indulto consistía en hacer indultos particulares en relación al artículo 32 de la Constitución Política, donde se define que el Presidente de Chile puede “otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso.
Cuando Boric viene elegido como presidente indulta a una persona de Puerto Montt. Esa persona tenía cáncer y estaba condenada a 10 años por haber sido supuestamente involucrado en un incendio. Este hecho no estaba presente en ningún listado. Esta persona murió en la semana que lo liberaron. Este indulto significó a las familias que cada indulto tenía que tener conexiones humanitarias”, nos cuenta Lorenzo Morales.
Enseguida a eso, todas las personas que estaban condenada a más de 5 años y un día, presentaron demanda de indulto dentro del 11 de marzo y el 25 de marzo de este año.
“La administración dijo a las familias que iba a tramitar las prácticas pero finalmente no lo hicieron, explicando a las familias que no podían hacerlo, sino la derecha se iba a enojar”, sigue Lorenzo Morales. “Explicaron también que esperaban que se aprobara una ley diferente de la del senador Latorre, pero esta última será mucho peor de la primera”. Además, no es viable, porque nunca tendrá los votos suficientes.
Los presos de la revuelta no son los solos presos políticos en Chile: multitudes de comunidades mapuche entre Chile y Argentina sufren la represión de estos dos Estados, en silencio.
557 son los condenados y 257 los imputados actualmente privados de libertad en Chile pertenecientes al pueblo mapuche.
“Lo que está pasando hoy en día en la Araucanía es una situación muy grave, es una situación muy compleja, es una situación que está llegando al límite, en donde el estado chileno y sus policías, militares, están allanando prácticamente todos los días a las comunidades sin mayores justificaciones”, afirma Max Reuca, Werken de la Comunidad de Puren. “Todos los días desde el Biobío al sur se están allanando a las comunidades. Se está haciendo un allanamiento violento, sin justificación ni prueba contundente, por el solo hecho de revindicar la tierra y los recursos que le pertenecen al pueblo mapuche. Se ha militarizado el territorio, se ha criminalizado a la lucha, se ha llegado a un contexto que va más allá de la reivindicación de tierra: hoy en día el mapuche que revindica el territorio para el estado chileno es un peligro para la sociedad”.
¿Cuáles leyes habrá aun que esperar para que se haga justicia?
