Sergio Grez, Doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, académico de la Universidad de Chile, desmenuza el triunfo de José Gabriel Boric y analiza algunas posibles consecuencias que tendrá para el movimiento popular la llegada a La Moneda del representante de Apruebo Dignidad.
– ¿En qué situación queda el movimiento popular tras el triunfo de Gabriel Boric? ¿Cómo se posicionarán los movimientos sociales ante el nuevo escenario que tendremos a partir de mediados de marzo?
– La alta votación obtenida por Gabriel Boric en el balotaje del 19 de diciembre -55,87% de los sufragios- y el salto de la tasa de participación electoral, especialmente de sectores populares, a 55%, refleja que la elección de Boric a la Presidencia de la República ha concitado esperanzas de cambio en una parte significativa de la población. Aunque entre sus votantes se encuentra un porcentaje importante de personas de izquierda que lo hicieron -a regañadientes- por considerarlo un “mal menor” frente al peligro representado por Kast, no es menos cierto que el presidente electo encarna, hasta ahora, anhelos de cambio en perspectiva de superación del modelo neoliberal. Esto se vio reflejado durante la campaña electoral no solo en términos individuales sino, también, en numerosos pronunciamientos de apoyo de organizaciones sociales. Lo que hace suponer que durante un tiempo estas franjas se mantendrán a la expectativa, aunque aún no es posible saber si ello se traducirá en una inhibición de sus movilizaciones o si, por el contrario, las estimulará como forma de presión hacia las nuevas autoridades para el cumplimiento rápido e integral de las promesas electorales. Efectos parecidos puede tener el proceso constituyente encaminado a través de la Convención Constitucional, que también ha despertado esperanzas en una parte importante del país.
Un factor relevante en este sentido será la actitud que asuman ciertos agentes políticos -como el Partido Comunista- que influyen en ciertas organizaciones sociales, especialmente sindicales. Como sabemos, este partido cada vez que ha tenido participación plena (incluyendo ministros) en un gobierno ha oscilado entre la contención y el estímulo dosificado de las luchas sociales populares, según los vaivenes de las disputas política y más precisamente, dependiendo de las contradicciones en el seno de la coalición gobernante. Así sucedió durante los gobiernos de González Videla, Allende y Bachelet. Es probable que ahora ocurra algo parecido.
Sin embargo, hay que tener presente que los actores políticos partidarios no son capaces de ejercer gran control, muchas veces ni siquiera logran incidir en vastos sectores del mundo popular. Esto es particularmente evidente entre aquellos que sufren con mayor rigor las secuelas del modelo: trabajadores precarios e informales, cuentapropistas, pobladores de sectores de pobreza “dura”, mapuches residentes en el Wallmapu, migrantes, entre otros. Nada asegura que los elementos de contención que desplegará el nuevo gobierno sean capaces de frenar o anular duraderamente las movilizaciones de estos sectores, movilizaciones que pueden asumir formas radicalizadas y extrainstitucionales. De hecho, ciertas comunidades y organizaciones mapuches “en resistencia” ya han anunciado que no habrá “tregua” con el gobierno de Boric, lo que permite prever persistencia de un clima beligerante en el territorio ancestral de ese pueblo, denominado de manera eufemística como la “macrozona sur” por los estrategas del Estado nación. Otro factor que en el mediano plazo puede estimular la organización popular -aunque más regulada y controlada- es la prometida reforma que permitiría la huelga y negociación por rama de producción. Estos y otros factores -que pueden actuar en uno u otro sentido- señalan la existencia de un escenario complejo e impredecible, sobre todo en el contexto de permanencia de graves problemas sociales. Como suele acontecer, la acción política de los actores del drama nacional será el elemento decisivo para inclinar la balanza a favor del fortalecimiento y de la autonomía o de la fragmentación y anulación de los movimientos sociales en aras de la gobernabilidad. Confrontados al emplazamiento a apoyar a Boric y “no hacerle olas”, estos movimientos sabrán que el problema no es cómo el pueblo apoyará a Boric, sino cómo Boric apoyará las luchas del pueblo y dará satisfacción a sus demandas.
Creo que, al cabo de algunos meses, cuando se haya disipado el “estado de gracia” que acompaña frecuentemente a los mandatarios que están comenzando su administración, las luchas sociales retomarán su cauce habitual y las contradicciones no resueltas aflorarán inevitablemente. La forma y las perspectivas que adquieran dichas luchas no es posible anticiparlas, pues aún no sabemos cuál será su capacidad de maniobra ni en qué medida el gobierno de Boric (que no será solo de Apruebo Dignidad) utilizará la represión para contener las demandas sociales. Por ello, el movimiento popular, si quiere fortalecerse, debe -como siempre tendría que hacerlo- mantener su autonomía y fortalecerse en todos los planos. Los tiempos difíciles por venir así lo exigen.
– ¿Cómo caracteriza el momento político y social que está viviendo el país tras la rebelión popular del 18 de octubre? ¿Cree que este proceso continuará incluso después del plebiscito de salida que debiera llevarse a cabo durante el segundo semestre de 2022?
– Desde octubre de 2019 ha pasado mucha agua bajo los puentes. Luego del “estallido social”, la casta parlamentaria reaccionó, sumando a la despiadada represión estatal, la maniobra política cristalizada en el “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución” del 15 de noviembre, a fin de desviar la potencia de la rebelión popular por una vía inocua, la de un proceso constituyente normado por el Parlamento, evitando una Asamblea Constituyente libre y soberana que pusiera en peligro los grandes intereses asociados a la mantención del modelo.
Una primera fase de la rebelión se extendió hasta ese momento. En grandes líneas, es preciso constatar que el mentado Acuerdo dio los resultados que esperaban sus promotores, pues logró desmovilizar a muchas personas que creyeron que el proceso constituyente que se les ofrecía estaría a la altura de sus aspiraciones, pero no fue suficiente para volver a la “normalidad” anhelada por el gobierno, la casta política y la opinión conservadora. No obstante, a pesar del acuerdo y del receso estival, las protestas y movilizaciones continuaron durante el verano 2020, alcanzando gran amplitud el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, la llegada a Chile de la pandemia mundial del Covid-19, sirvió para que el gobierno decretara el estado de emergencia acompañado de cuarentenas, toque de queda en todo el territorio y otras medidas que contribuyeron a la desmovilización. A mediados de marzo se cerró la ya mencionada fase iniciada cuatro meses antes. A pesar de ello, durante el otoño y el invierno de ese año se mantuvieron bolsones de protesta focalizados en ciertos barrios y poblaciones en diversas ciudades, especialmente como reacción de los sectores populares ante la agudización de la crisis económica, el aumento de la cesantía y el hambre, en un contexto de insuficiente ayuda estatal a los grupos más golpeados por esta nueva desgracia. Al inicio de la primavera, cuando la pandemia retrocedía parcialmente y con la perspectiva más cercana del plebiscito del 25 de octubre que afinaría el itinerario constituyente, las movilizaciones sociales se reavivaron un tanto, especialmente en clave política, ante la inminencia de esta consulta.
El 25 de octubre fue, al mismo tiempo que una explosión de alegría popular por la aplastante victoria de las opciones Apruebo y Convención Constitucional (la menos restrictiva de las dos en juego), un hito importante en la vía de la institucionalización del conflicto y del proceso constituyente, según lo planeado en el Acuerdo del 15 de noviembre. Los esfuerzos, energías y recursos de muchos activistas, asambleas, cabildos y organizaciones sociales reactivados gracias al nuevo contexto, se enfocaron principalmente en la campaña para la elección de delegados/as a la Convención Constitucional. Visto con la perspectiva que da el tiempo transcurrido desde entonces, podemos apreciar que, durante ese año, desde mediados de marzo, la rebelión popular se fue extinguiendo como resultado del Acuerdo del 15 de noviembre, las consecuencias de la pandemia, su propia fragmentación y limitaciones políticas cuya contraparte ha sido la implementación del proceso constituyente normado y controlado por los poderes constituidos.
– ¿Cómo describiría la situación actual al interior del movimiento popular?
– A lo señalado en mi primera respuesta habría que agregar que el momento actual podría considerarse como una fase de posrebelión, con toda la ambigüedad e incertezas que una definición de este tipo conlleva. Posrebelión, pues si bien la rebelión terminó hace bastante tiempo, muchos de sus elementos subjetivos -el octubrismo– siguen estando presentes en el imaginario, en los anhelos y formas de expresión política de importantes sectores de la población. Aunque hay protestas y movilizaciones por temas puntuales -libertad para los presos de la revuelta, reivindicaciones económicas y sociales de diverso tipo- estas no son parte de una rebelión popular. A decir verdad, el escenario actual en términos de movilizaciones sociales se parece más al que existía antes de octubre del 2019 que al que se desarrolló desde ese mes y hasta marzo de 2020. A los factores anteriores se agregan las numerosas elecciones del último año (convencionales, gobernadores, municipales, primarias, parlamentarias, consejeros regionales y presidenciales) que han contribuido a la “normalización” e institucionalización de los conflictos. En este sentido, a pesar del dramatismo que adquirió, la elección presidencial de 2021 no aportó elementos que alteren mayormente esta caracterización porque la rebelión popular no tuvo la capacidad de levantar una alternativa propia, que le permitiera estar presente de manera autónoma en esta justa electoral. En el plano de una proyección hacia las instituciones estatales, solo puede anotarse a la cuenta del octubrismo el notable resultado obtenido por Fabiola Campillai a la senaduría por Santiago. Aunque no es posible predecir el curso de las movilizaciones populares, lo cierto es que las que se produzcan en los tiempos que están llegando, no pueden considerarse como parte de la rebelión de octubre sino más bien de un nuevo contexto que, intuyo, se prolongará más allá del plebiscito de salida del proceso constituyente en curso controlado por las fuerzas políticas del Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución.
– ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la falta de estructuras formales y de líderes de la rebelión popular?
– Es evidente que en un primer momento -entre el 18 de octubre y los primeros días de noviembre de 2019- la falta de estructuras formales y de líderes nacionales fue un factor que impidió que el Estado acabara con el movimiento, pues ningún golpe represivo estaba en condiciones de desarticular los numerosos y dispersos focos de rebelión. No había un “estado mayor” cuyo aniquilamiento pudiera frenar las movilizaciones. No obstante, al cabo de dos o tres semanas, se hicieron patentes sus debilidades porque, a pesar de la efímera tentativa por constituir una dirección o coordinación centralizada -Unidad Social-, la rebelión no logró dotarse de unidad política básica y no tuvo capacidad de respuesta frente a la astuta maniobra del Acuerdo del 15 de noviembre. Desde entonces, la carencia de sólida articulación entre los principales componentes de un movimiento muy heterogéneo y disperso se hizo sentir cruelmente. Quienes pretendieron representar políticamente a la rebelión popular, se dividieron respecto del quehacer frente al proceso constituyente normado por el Parlamento; unos optaron por participar, otros por boicotearlo o abstenerse. Más aún, quienes decidieron participar para desbordarlo, lo hicieron de manera dispersa, constituyendo listas y levantando candidaturas que competían entre sí.
